En el marco de las jornadas de protestas por el 11 de septiembre, la madrugada del día 12 en las cercanías de la intersección entre las calles Teniente Cruz con San Pablo, alrededor de las 1:15 fui reducida por cerca de cinco efectivos de fuerzas especiales quienes cobardemente y dejándome sin posibilidad de protegerme me golpearon reiteradamente con puños y patadas para posteriormente llevarme en calidad de detenida a la 26ª comisaría de Pudahuel.
Encontrándome detenida y tras una serie de irregularidades posteriores a mi detención (violencia física y psicológica reiterada, no se me informaron los motivos de mi detención, no se hizo lectura de mis derechos y tras cuatro horas de insistencia fui llevada a constatar lesiones sin que este procedimiento se realizara de forma adecuada), fui formalizada bajo el cargo de porte y tenencia de bomba incendiaria.
Ante esto declaro mi total rechazo a los cargos que se me imputan y al proceso judicial que se esta llevando en mi contra. En ningún momento portaba tales bombas de las que se me acusa e incluso del mismo informe que presento el ministerio público sobre mi detención se desprenden una serie de incongruencias entre el parte emitido por carabineros y las declaraciones de estos mismos, lo que evidencia las irregularidades en el proceso. Por una lado la declaración de carabineros afirma que fui identificada dentro de un grupo de alrededor de cien manifestantes, portando una mascara antigas, antiparras y supuestamente encontrándome encapuchada. En un principio se me reconoce como un hombre que cargaba una bolsa con bombas molotov y que además lanzo una piedra quebrando el parabrisas del carro policial, todo esto sucediendo en una persecución que no en más de treinta segundos termino con mi detención. Esta declaración se contradice al parte emitido, el cual sostiene que todo lo antes mencionado (mascaras, antiparras, bombas molotov, capucha) al momento de mi captura se encontraban dentro de mi mochila, de lo que además no se mostró ninguna fotografía ni mucho menos se presentaron pericias. Pese a las inconsistentes pruebas presentadas en mi contra, el juez estableció que mi detención cumple con la figura legal del cargo que se me imputa, por lo que determino dejarme con arresto domiciliario nocturno en el plazo que dure la investigación, arriesgando una condena que va desde tres a diez años y un día de cárcel.
La situación en la que me encuentro revela la desesperación ideológica del gobierno y la intendencia de santiago por impulsar y presionar a través de sanciones “legales” la creciente protesta social, recurriendo incluso a montar escenarios y situaciones delictuales ficticias para frenar, criminalizar y manipular políticamente la efervescente lucha que se vive en el país. Por otro lado la poca o nula existencia de facultades autónomas del poder judicial ha impedido tener un debido proceso tras mi detención, manifestándose la función ideológica que cumple este aparato del Estado en la persecución política de los que luchan.
¡¡ Solidaridad con Francisco Moreno, Felipe Vittori y todos los perseguidos políticamente!!
Andrea Navarro Campillay
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