POR ARNALDO PÉREZ GUERRA |
Los jóvenes antiautoritarios, anarquistas y ex lautarinos imputados en el mal llamado "caso bombas", fueron sobreseídos de la acusación de "Asociación ilícita terrorista".
El bochorno demuestra que todo esto no fue más que un show mediático.
¿Qué querían conseguir quienes hoy gobiernan? ¿Qué consiguieron? Instalar sus montajes -policiales, jurídicos, políticos y mediáticos- contra quienes no comulgan con la sociedad que ellos defiende desde el Estado. Seguirán reprimiendo cualquier atisbo de disidencia, de organización social o de autonomía de los pueblos originarios. Seguirán instalando el Estado policial.
Hoy muchas "acusaciones" en los tribunales deben esperar un año o dos para concluir en absoluciones... Encarcelan a dirigentes mapuches, a jóvenes que se definen como anarquistas u okupas, a ex prisioneros políticos... Amenazan a estudiantes y pobladores que han radicalizado su lucha ante la inoperancia y desidia de quienes gobiernan. Se imputa a inocentes en shows mediáticos con "pruebas" absurdas. La verdad no importa, sino machacar la mentira e instalar el miedo.
El bochorno demuestra que todo esto no fue más que un show mediático.
¿Qué querían conseguir quienes hoy gobiernan? ¿Qué consiguieron? Instalar sus montajes -policiales, jurídicos, políticos y mediáticos- contra quienes no comulgan con la sociedad que ellos defiende desde el Estado. Seguirán reprimiendo cualquier atisbo de disidencia, de organización social o de autonomía de los pueblos originarios. Seguirán instalando el Estado policial.
Hoy muchas "acusaciones" en los tribunales deben esperar un año o dos para concluir en absoluciones... Encarcelan a dirigentes mapuches, a jóvenes que se definen como anarquistas u okupas, a ex prisioneros políticos... Amenazan a estudiantes y pobladores que han radicalizado su lucha ante la inoperancia y desidia de quienes gobiernan. Se imputa a inocentes en shows mediáticos con "pruebas" absurdas. La verdad no importa, sino machacar la mentira e instalar el miedo.
En Chile no hay terroristas, salvo el terrorismo de Estado. Si es el propio gobierno el que lo dice en los foros internacionales y ante los organismos de derechos humanos, pero internamente ocupa en cuco del terrorismo para hacer y deshacer a su antojo. Para montar lo que quieren, para embrutecer aún más y gobernar con la represión del Estado policial. Sí, vivimos un Estado policial que no sólo ocupa el garrote: Mapuches, anarquistas, ex subversivos y quien luche por una sociedad distinta, serán exhibidos por el poder para decirnos que cualquiera puede ser acusado, encerrado, asesinado, que nadie dirá nada, que prácticamente nadie hará nada. Criminalizan toda protesta social, mientras cooptan a quienes siguen creyendo en los espejismos del sistema. Se machaca diariamente a la gente para que crean que la protesta social y la delincuencia son lo mismo. Así instalan el miedo: Inocentes son encarcelados, jóvenes son asesinados por la espalda, quien lucha puede perderlo todo... Peor si son mapuches, quien los asesine gozará de impunidad total... Persecución, criminalización, torturas, asesinatos, cárcel, estigmatización, montajes jurídico-políticos; aplican la Ley Antiterrorista contra quien sea.
"Simplemente se hizo justicia... Desde el día que fuimos detenidos, señalé claramente: quien nada hace nada teme. Aquí simplemente se ha dado la lógica que tenía que suceder", dice el ex lautarino Pablo Morales Fuhrimann, quien fue sindicato como líder de una organización terrorista que sólo estaba en la mente del ex fiscal Peña y sus secuaces. Y hoy el ex fiscal Xavier Armendáriz -que fue sacado de la investigación por presiones del gobierno-, asegura que “se podrían haber hecho mejor las cosas”. ¿Mejor? Mucho mejor habría sido no encarcelar a inocentes, pero ¿era eso lo que querían o en realidad todo esto no era más que un show mediático para instalar lo que realmente les interesa?
El sobreseimiento fue resuelto por el Octavo Juzgado de Garantía. Se condenó al Ministerio Público a pagar las costas del "proceso" judicial, para no decir del montaje y show mediático, que ha hecho gastar millones y millones de pesos al Fisco y a las familias de los acusados, y que ha significado prisión y criminalización de personas completamente inocentes ¿Dónde está la organización terrorista que colocaba bombas? ¿Donde están los terroristas?
Los verdaderos terroristas están tras los escritorios de las reparticiones gubernamentales que montaron todo este show del que hoy no son capaces de hacerse cargo... Más del 80 por ciento de las supuestas "pruebas" eran solo basura, muchas de ellas, además, obtenidas de forma ilegal...
¿Quién responderá por este montaje orquestado por la Fiscalía Sur, el Ministerio de Interior y el Ministerio Público? ¿Y los medios que sirvieron de lacayos para acusar a inocentes, seguirán elucubrando teorías que parecían venir de las afiebradas mentes de las oficinas de inteligencia de las policías? Detrás de todo estuvo y está el ex fiscal Peña -hoy flamante funcionario del ministerio de Interior-, pero tras él está el propio gobierno y sus perros falderos.
Pablo Morales Fuhrimann señaló que el sobreseimiento “reafirma lo que siempre dijimos, que somos completamente inocentes de todos los cargos por los que nos acusaron... ¿Quién me devuelve a mí los ocho meses que permanecí en un régimen de alta seguridad?... Me gustaría que estuviese acá el actual funcionario Peña dando la cara por este ridículo y vergonzoso montaje, donde incluso el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, señor Llanos, señaló que es improcedente que un poder del Estado trate de influir en otro”. Agregó, además, algo que ya se olvidó: Él corrió el riesgo de pasar toda su vida encarcelado. En su show la afiebrada y estúpida Fiscalía pedía nada menos que "cadena perpetua" en su contra y en contra de otro ex lautarino, Rodolfo Retamales Leiva, absurdamente sindicado como segundo "líder".
Seis imputados continuarán acusados en el mal llamado "caso bombas", por "colocación de artefactos explosivos". Se trata de Felipe Guerra, Mónica Caballero, Francisco Solar Domínguez y el delincuente y "colaborador" de la Fiscalía, Gustavo Fuentes Aliaga -alias "el grillo"-. Por el supuesto delito de "financiamiento de actividades terroristas" continuarán acusados Carlos Riveros y el ex lautarino Omar Hermosilla. Cristián Cancino enfrentará las acusaciones en su contra en otro juicio oral, por decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago.
El juicio se debiera iniciar este 28 de noviembre. ¿Condenará la Fiscalía a alguien para que el bochorno no sea total? Con las "pruebas" que tienen no pueden condenar a nadie, dicen los abogados defensores. ¿Qué están esperando entonces? El gobierno se la va a jugar por condenar a quien sea... Ojala nadie pise el palito que la Fiscalía quiere que pisen.
El Octavo Juzgado de Garantía dictó el sobreseimiento definitivo, es decir los acusados eran completamente inocentes y nunca debieron ser imputados por "asociación ilícita terrorista". También se anunció que el Ministerio Público deberá entregar un informe por los "errores" cometidos. El tribunal debió resolver la absolución luego que la Fiscalía Metropolitana Sur levantó los cargos al no tener pruebas para inculpar a quienes fueron presentados por el ex fiscal Alejandro Peña y todos los medios de comunicación como "terroristas miembros de una asociación ilícita que colocaba bombas" en nuestro país. Tras el bochorno, debieran renunciar los jefes de las policías, del Ministerio de Interior, del Ministerio Público y de las Fiscalías involucradas. Si alguien debiera ir preso o pagar por sus actos son precisamente quienes jugaron con la tranquilidad y los derechos de personas inocentes.
El juez Fernando Valderrama ordenó que el Ministerio Público pague las costas. Los ex imputados anunciaron acciones legales en contra del Estado y de los responsables de este montaje. Pero el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, señaló que lo sucedido "no es un fracaso para la Fiscalía, ni para el gobierno", e indicó que “no nos vamos a inhibir a cumplir nuestro rol. Estaban los antecedentes, los pusimos a disposición de la justicia. Si ellos estimaron que no hay delito, es una decisión que nosotros no comentamos”. ¿Cuáles eran los antecedentes, cuáles eran las pruebas? ¿Botellitas vacías, triviales llamados telefónicos, póster de cantantes, libros "subversivos", bolsas con pasas? ¿Dónde está la organización terrorista de la que se habló profusamente en los medios de comunicación? ¿Cuál es entonces el "éxito" para el subsecretario de Interior?: ¿Mantener en prisión a personas inocentes y dar un mensaje a quienes realmente colocan bombas desde hace varios años?
En su momento, el ministro Hinzpeter señaló a la prensa: “Como ministro del Interior, soy parte querellante, no soy un tercer observador imparcial. Soy parte y me interesa que esto llegue al resultado que creo debiera llegar. He participado la investigación y conozco la investigación. A juicio mío y a juicio de la Fiscalía, se ha acreditado técnicamente que estas personas participaron en al menos 25 atentados explosivos”. ¿Pedirá disculpas Hinzpeter a quienes fueron falsamente acusados, encarcelados y, además, exhibidos por los medios al servicio de sus elucubraciones?
Según los abogados defensores no hay antecedentes que inculpen a quienes aún permanecerán encausados. Sectores políticos han solicitado al fiscal de la zona sur, Raúl Guzmán, un sumario administrativo contra el ex fiscal Alejandro Peña, y también contra los fiscales Víctor Núñez, Francisco Rojas, Pablo Sabaj y Marcos Emilfork. Pero el gobierno debiera pedirle la renuncia al ex fiscal Peña -actual jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior-, como principal responsable de este bochornoso montaje mediático, y también debiese renunciar el ministro de Interior, pues con su presión y "diligencia" se montó esta "Operación Salamandra".
Mauricio Daza, abogado defensor de Pablo Morales Fuhrimann, en relación al informe que el Fiscal Nacional pedirá al Ministerio Público, señaló: “Hubiera sido mucho más saludable que hiciera la investigación cuando el señor Hinzpeter le pidió hace un año que cambiara al fiscal Armendáriz y pusiera a dedo al fiscal Peña... La verdad es que acá hay una responsabilidad del Fiscal Nacional que cede a las presiones del poder político de turno, cosa que no corresponde en un Estado de derecho, toda vez que el poder político debe estar ajeno al actuar de una entidad independiente y objetiva, como lo son la Fiscalía y el Ministerio Público”.
Daza y su equipo jurídico anunciaron que preparan una querella, no contra el Estado, sino contra quienes son responsables de este show mediático.
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